La absorción de deudas agropecuarias, a través de un fideicomiso provincial, causó no poco revuelo en su momento. Y rasgándose las vestiduras, aquellos mismos que desde su “tribuna periodística” (muy afín a aspectos publicitarios, netamente comerciales, de apoyo a programas para “la gente y los temas del campo”) pregonan la necesidad de respaldar a los productores, hicieron escuchar sus críticas en torno a algunos beneficiarios de la ayuda oficial que les permitirá sanear sus economías, con pagos a más largo plazo y (nunca se sabe) con menor presión en los intereses por las deudas refinanciadas.
Es moneda corriente que, a la hora de ciertas ofensivas, nadie se detenga demasiado en casos particulares, salvo que lleven implícita alguna forma de “caerle” más duramente a algunos involucrados en particular.
Puede ser (¿o no?) el de José Fernando Carrizo Fierro, el ejemplo de una de las “embestidas” (paradójicamente es uno de los dirigentes a quienes se lo consulta con frecuencia sobre temas que afectan a los productores) llevadas adelante unos cuantos días atrás. Al dirigente (por estas horas es quien convoca por el corrimiento de la barrera fitosanitaria) le pedimos que nos hiciera alguna reflexiones, en torno a la refinanciación de la que (así figura en los listados) es “beneficiario” (por definir de algún modo su situación. Esta fue su palabra:
- Como presidente de AGAVISA (Zona Norte)y como consejero de la subregión semiárida, que integra por la ley 13647/07 del “sudoeste bonaerense”, en cumplimiento de uno de sus principios prioritarios y fundacionales compartidos, de contención del 25 por ciento de deudores residuales, del Banco Nación y Banco Provincia (aproximadamente 2000 de 8000 familias rurales, sólo en el SO), impulso en el proyecto de ley original, del diputado provincial doctor Marcelo Feliú, que fue transformado en ley 14144 (Boletín Oficial 26403).
- Y fuera votada por unanimidad de ambas cámaras de la Legislatura, la inclusión de los artículos 4 y 6, para un “tratamiento diferenciado”, de los deudores del sudoeste, conforme la única ley provincial de fomento regional número 13647/07.
- Dichos deudores rurales, sobrevivieron a las crisis económicas del ‘90 y ‘2000, que dejaron 260.000 productores fuera del sector; y a 20 años casi consecutivos de emergencias y/o desastres agropecuarios por diversas causas climáticas, con sus consiguientes pérdidas parciales y/totales, de sus producciones agropecuarias.
- Hablar del tema, sin conocer las causas y ni siquiera dar “derecho de réplica”, es ofender el honor de familias rurales, que ofrendaron vidas de sacrificio, por una Patria productiva, y que aportan casi el 70 por ciento de la torta nacional, por varias generaciones.
- Conjuntamente con la ley de fondo citada, se sancionó, para dar garantía de transparencia en la aplicación, la ley provincial número 14146/10, que reformó la ley número 12726, del fideicomiso provincial, incorporando a su consejo de administración, 4 legisladores de la oposición (2 de cada cámara).
(Publicado en la edición 342 de DIARIO VILLARINO, este sábado 31 de julio de 2010).