La trastienda de la marcha y el contraataque de Milei. |
El presidente estaba en su despacho cuando empezaron a volar las piedras desde la Plaza de Mayo. Era miércoles después de las seis de la tarde. Los alrededores del Congreso llevaban varias horas de altísima conflictividad y algunos manifestantes avanzaban hasta los alrededores de la Casa Rosada. Ya había sucedido el noqueo de un policía a una mujer de 87 años que terminó desmayada en el piso. Hacía una hora que Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años, había caído desplomado por un cartucho de gas lacrimógeno de la Gendarmería. Corridas, pedradas, enfrentamientos, un patrullero incendiado. El día empezaba a oscurecer, en todo sentido.
Javier Milei tenía una agenda intensa de compromisos durante toda la tarde y decidió no modificarla. Había vuelto al mediodía de Bahía Blanca, donde buscó sorprender con una visita no anunciada previamente que incluía el anuncio posterior de 200 mil millones de pesos de ayuda a la ciudad y a las víctimas del temporal. Patricia Bullrich estaba a cargo del operativo. Ni por un segundo, en su despacho ni en la Rosada, pensaron en cambiar de estrategia, en desalentar la confrontación. Lejos de eso, Guillermo Francos y Patricia Bullrich tuvieron la misión de defender la actuación policial, de convertirla en consigna.
Si alguien dudaba por un minuto de esa decisión, solo hizo falta escuchar al presidente en Expoagro, cuando sentó a la ministra junto a él y, en medio de un discurso más vinculado al campo y a la economía, interrumpió para explicar por qué ella lo acompañaba: “El que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, los hijos de puta que andan con trapos en la cara. Los vamos a meter presos y vamos a defender a la República. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio”.
Definió así el contraataque en su semana más salvaje. Es la primacía de una gestión diseñada por su audacia y su debilidad, dos condiciones que la definen y la determinan cada día. Suspendió un viaje a España e Israel previsto para los próximos días con el argumento de los “riesgos institucionales” que vive la Argentina. Es una movida previsible en la lógica presidencial, pero es también un movimiento de final abierto en el contexto en que ingresó el gobierno con un operativo que terminó con un fotógrafo agonizando. ¿Será suficiente el argumento de un error no forzado?. |
El debate en el gobierno para ajustar el protocolo para contener las marchas en el Congreso. |
Ya hay una causa penal abierta con el fiscal Daniel Togni pidiendo medidas. La Gendarmería disparaba los gases en ese momento. La reconstrucción de la escena por peritajes aclarará rápidamente si actuaron bajo el protocolo o no.
El gobierno, se sabe, basa su legitimidad en la demanda de orden y baja de inflación que le trasladaron sus votantes. Pero en este caso, el escenario tiene todos los componentes sensibles: más allá de la evidente participación de gente violenta o con la cara tapada, en la primera línea del inicio del reclamo había jubilados que cobran 349 mil pesos, con el bono de 70 mil incluido, en un país donde, según el INDEC, necesitan 1,2 millones para no ser pobres.
El operativo detuvo a 112 personas a las que no consiguieron asignarles ninguna actitud delictiva. Cuando la fiscalía recibió los informes policiales para poder acusar a las personas demoradas, en muchos casos no estaban ni los nombres y, en ninguno, había descripción de por qué ni qué habían hecho para que se los llevaran. Algo similar pasó no hace tanto con la jueza Servini, que se quejó públicamente de la falta de prueba.
Entre la Procuración de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad, porteño y de la Nación, va a suceder una reunión en los próximos días por la repitencia de estas situaciones. Los fiscales no tienen cómo acusar si los partes policiales no tienen información probatoria. Y se produce una pregunta incómoda: si sobran imágenes de violentos, ¿por qué nunca aparecen entre los detenidos?.
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En la madrugada del jueves, sucedieron cruces de llamados de alto nivel y mucha tensión entre funcionarios de Seguridad y funcionarios judiciales por este tema. A esta hora, los fiscales miran las cámaras de seguridad para identificar gente que sí haya estado involucrada.
Un pequeño apartado merece el destino de alojamiento de los presos. El colapso en la calle unió ahora temporalmente a Jorge Macri y a Bullrich, pero la noche de las detenciones no había lugar para ubicar a los detenidos porque la Ciudad no tiene espacio. Los tuvieron en camiones y después los acumularon en la comisaría cuarta.
El gobierno ve conspiraciones en la jueza Karina Andrade por liberarlos a todos y buscó, con una nueva denuncia, ir a la justicia federal, donde se siente más cómodo. En cualquier caso, buscan ganar tiempo en días de una sucesión de episodios preocupantes. |
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