Dos semanas antes de escribir su renuncia, Marco Lavagna se juntó con el ministro de Economía, Toto Caputo, por una definición que venía arrastrando desde hacía un año y que había llegado al punto de giro en donde no quedaban demasiados caminos por abrir. O salía el nuevo índice de inflación (IPC) en el que había estado trabajando durante toda la gestión o se iba.
No fue una conversación tan tensa como podría suponerse, pero el ministro repitió como un mantra la voluntad del presidente: “No quiere el nuevo índice ahora”. Con esa certeza, Lavagna avisó que en ese caso se tendría que ir. No pusieron fechas ni coordinaron métodos. Quedaron en seguir hablando.
El entonces titular del INDEC le mandó un WhatsApp a Santiago Caputo y le avisó del resultado de la reunión. “Javier no quiere así que lo mejor es que yo me vaya”. Llamativamente, nadie creyó que esa salida sería conflictiva. De hecho, en las reuniones previas de la mesa política en la Rosada el tema no se tocó. Tampoco se habló este mismo miércoles con el conflicto ya indetenible.
“Nadie podría creer seriamente que este gobierno se va a meter con el índice de estadísticas”, decía en estos días un integrante imprescindible del círculo chico presidencial. Es un razonamiento curioso. El nuevo indicador estaba avalado por el FMI, que tiene ahora mismo una misión en el país y es intrigante saber qué lugar ocupará esta cuestión en su agenda.
Hubo el domingo una última conversación entre Toto Caputo y Lavagna donde volvieron a revisar el asunto, pero ante la consulta presidencial, la respuesta fue la misma. “No mezclar peras con manzanas hasta que no termine el proceso desinflacionario”, graficó después el ministro en una entrevista televisiva. Entonces, el titular del INDEC ratificó la decisión aunque otra vez no coordinaron el cuándo ni el cómo. Así fue como el lunes, los principales funcionarios del gobierno, con el presidente incluido, se enteraron por los medios de la carta de renuncia de Marco Lavagna.
Esa perplejidad pareció verse cuando desde la Rosada filtraban los vínculos del exfuncionario con el Frente Renovador de Sergio Massa como un mecanismo bastante curioso de acusación: Lavagna supo construir una relación de confianza y empatía muy cercana con el presidente y los dos Caputo, Santiago y Toto.
Durante toda su gestión, que venía desde el gobierno de Alberto Fernández, el economista hablaba del nuevo IPC como “su legado”, la razón que lo mantenía en el puesto, el sentido de ocupar esa función y llevarla hasta el objetivo que había empezado mucho tiempo atrás Jorge Todesca a cargo del organismo. Se trataba, sencillamente, de un larguísimo trabajo técnico para adaptar el índice a los esquemas de consumos y gastos actualizados de la población, un objetivo de una dimensión complejísima y delicada. Los resultados de esta ponderación definen demasiado sobre la columna vertebral de esta gestión: la baja de la inflación.
Lavagna solía repetir como un mantra la idea del legado frente a la amargura que le producían los llamados de dirigentes peronistas con los que había compartido la gestión en el período superinflacionario de Alberto y Cristina Fernández: “A ellos, les da bien y a nosotros nos dabas mal”, lo chicaneaban. Es una obviedad aclarar que el índice -salvo cuando estuvo la intervención de Guillermo Moreno- no es manipulable y que el INDEC es un organismo técnico y autárquico.
Esa convicción la puso sobre la mesa de manera cada vez más insistente sobre el despacho del ministro Caputo. Es llamativo su silencio público después de la renuncia. Se ocupó antes de partir de convocar a la mesa gremial del organismo para informar una decisión que nadie esperaba ahí dentro y de comunicarlo en una carta que terminó funcionando como una carta bomba que la Rosada recibió cuando todas las mentes estaban concentradas en la Reforma Laboral. |
Vuelve la interna oficial. |
El próximo miércoles, si nada extraño ocurre en el medio, sucederá la sesión donde el gobierno pretende demostrar pericia con los mandatarios provinciales y poder frente al peronismo para dar media sanción a la “modernización laboral” en el Senado, el recinto donde desembarcó Patricia Bullrich para comandar esa estrategia. Ahí mismo sucedió esta semana un movimiento pequeño pero revelador: se designaron las autoridades de la comisión de acuerdos del Senado, un área esencial para un tema latente que el gobierno acelerará más pronto que tarde: la designación de jueces y fiscales federales. Resulta que la presidencia de la comisión quedó en manos de Juan Carlos Pagotto, un riojano libertario que responde, su origen lo indica, a los Menem, Martín y Lule.
Desde el origen de la gestión Milei, la estrategia judicial está dentro de una conversación uno a uno entre el presidente y su estratega Santiago Caputo. Es un tema que suele fastidiar y aburrir al mandatario, una zona empetrolada e imprescindible donde naturalmente alguien tiene que intervenir y que quedó pausada después del fallido intento de designar a Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte.
Para dar una idea, la gestión actual no designó ni un solo juez en dos años. Después del fallido con la Corte y superadas las elecciones de medio término, esa agenda se acelera con una novedad: en el ámbito de Karina están jugando fuerte para colar su voluntad en la infinita cantidad de movimientos que están por venir. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, -que estaba ido de su cargo el día de la elección de medio término-, volvió a su lugar por pedido de Karina Milei. Fue un acuerdo que vence en marzo basado en no dejar libre ese puesto en un área que en los hechos maneja Sebastián Amerio, un funcionario de extrema confianza de Santiago Caputo, y que fue quien se ocupó de todos los vínculos con la Justicia hasta que empezaron a aparecer otros enviados karinistas que se autoproclaman mensajeros. Es un entuerto complejo porque los receptores de los mensajes no saben a quién prestarle atención de verdad y se vienen definiciones trascendentes.
Sucederá pronto la designación de los nuevos consejeros de la Magistratura donde Amerio representa al ejecutivo y desde el área de Caputo descartan que pierda ese lugar. ¿A qué facción de la interna oficial pertenecerán los senadores y diputados que ocupen la representación en el organismo que designa y destituye jueces?.
Un datito más hablando de interna judicial: este año cumplen 75 años -la edad de la jubilación- los históricos Martín Irurzun de la Cámara Federal y Carlos Alberto Mahiques de Casación. De Mahiques, Milei se ocupó personalmente de pedirle al Senado que avalé la prórroga de su cargo. A Irurzun, le está pasando que ni en la Rosada ni en el peronismo parecen dispuestos a ofrecerle ese favor.
El gobierno intentará primero avanzar sobre las vacantes de jueces y fiscales y la designación del Procurador General, un cargo estratégico en el medio del cambio en el sistema donde los fiscales son acusados e investigadores de todos los expedientes. Hay consenso en el círculo chico presidencial sobre una estrategia todavía incierta de lograr aprobar estas designaciones en el Senado sin la necesidad del kirchnerismo. Parece demasiado optimista.
Sobre la Corte, hay menos apuro. Desechada la idea de ampliar los jueces del Tribunal, la estrategia ahora es uno propio y uno ajeno, un botín que están ofreciendo a los gobernadores.
En ese entramado de negociaciones multipartidarias, aparece otro tema pendiente: después del escándalo de fin de año con las designaciones de madrugada de los auditores en representación de Diputados de la AGN -en un acuerdo del peronismo, los gobernadores y los libertarios-, se vienen los representantes del Senado en la Auditoría. Hay que prestar atención ahí porque, otra vez el PRO quedaría sin representación pero lo más importante se centra en la vuelta de Javier Fernández, el histórico operador judicial con cargo infinito en la AGN, al que se le venció su mandato pero volverá, si nada cambia, por el empuje de varios gobernadores. |
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