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Walter Martello, defensor del pueblo adjunto
de la provincia de Buenos Aires |
Piden
que se extienda el reintegro del IVA a beneficiarios de planes sociales. Declaraciones
de Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.
El
defensor del pueblo adjunto de la provincia, Walter Martello, realizó un
informe sobre el impacto que está teniendo la situación económica en los
sectores socialmente más postergados, especialmente en el Gran Buenos Aires.
Advirtió
que, pese a la magnitud de la crisis, aún no fue publicado en el Boletín
Oficial el decreto presidencial que debería extender el mecanismo de reintegro
del 15 por ciento del IVA por compras realizadas con tarjeta de débito.
Hasta
el año pasado este régimen alcanzaba a más de 1,5 millones de personas,
incluyendo beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación
por Embarazo; jubilados/as y pensionados/as que cobran el haber mínimo, y
personas que perciben pensiones no contributivas.
“El
decreto 94/18 prorrogó hasta el 31 de diciembre pasado el sistema de reintegro
del IVA. Como aún no fue prorrogado, este sistema de devolución podría dejar de
realizarse. A su vez, el límite de 300 pesos de reintegro mensual, que
estableció el gobierno nacional, ha quedado absolutamente desactualizado por
los aumentos de precios”, explicó Martello, quien está a cargo del Observatorio
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría.
En
ese sentido, el defensor del pueblo adjunto remarcó que el monto promedio de
devolución para los beneficiarios de planes sociales, según reconoció el jefe
de Gabinete en uno de los informes que elevó al congreso nacional, fue de
apenas $38,30 durante 2018.
“Es
una cifra irrisoria. La AUH está perdiendo su poder de compra de forma
acelerada, a punto tal que en el último año aumentó poco más del 28%, cuando el
índice de inflación fue casi un 70% superior (47,6%)”, destacó Martello.
El
pedido del defensor del pueblo adjunto se produce en momentos en que se viene
registrando un sostenido aumento de la inseguridad alimentaria (reducción
involuntaria de la porción de comida) en niños, niñas y adolescentes, producto
de los elevados índices de pobreza e indigencia, especialmente en el conurbano
bonaerense.
Según
el INDEC, el Gran Buenos Aires es la región con el índice de indigencia más
elevado del país (8% de la población) y durante el último año registró aumentos
en los precios de distintos alimentos de la canasta básica que estuvieron muy
por encima del 47,6% de inflación anual que fue informado por el INDEC.
El pedido del
defensor del pueblo adjunto se produce en momentos en que se viene registrando
un sostenido aumento de la inseguridad alimentaria (reducción involuntaria de
la porción de comida) en niños, niñas y adolescentes, producto de los elevados
índices de pobreza e indigencia, especialmente en el conurbano bonaerense.
Según el INDEC,
el Gran Buenos Aires es la región con el índice de indigencia más elevado del
país (8% de la población) y durante el último año registró aumentos en los
precios de distintos alimentos de la canasta básica que estuvieron muy por
encima del 47,6% de inflación anual que fue informado por el INDEC.
Por ejemplo, el
precio del kilo de pan francés aumentó 96%, siendo el más caro del país,
mientras que el paquete de 500 gramos de fideos secos tipo guiseros se
incrementó en un 100,5%.
“Esto se traduce
en una acelerada pérdida del poder adquisitivo. Mientras que en 2017 el monto
de la AUH permitía comprar 34 kilos de pan en el conurbano, ahora solo alcanza
para 23 kilos”, afirma el informe elaborado por el Observatorio de derechos de
NNyA de la Defensoría.
Asimismo, el
avance 2018 del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, elaborado por la
Universidad Católica, alertó sobre el impacto de la crisis en la situación de
los NNyA del Conurbano, donde más de 3 de cada 10 chicos/as (35,8%) de hasta 17
años viven en hogares en los que, durante el año pasado, se redujo la dieta por
razones económicas.
A su vez, el 13%
de los NNyA presentan una inseguridad alimentaria severa, es decir, expresaron
haber experimentado “hambre” por falta de alimentos en los últimos 12 meses.
El defensor
adjunto de la provincia agregó: “No sólo es necesario que se prorrogue el
actual sistema de reintegros del IVA, sino que también se debe avanzar de forma
urgente en un mecanismo, destinado exclusivamente a los destinatarios de planes
sociales, que consista en la devolución del 100 por ciento del IVA”.
Asimismo,
Martello consideró que las demoras en actualizar la AUH y las asignaciones
familiares profundizan aún más el impacto de la crisis socioeconómica. “Se debe
instrumentar una actualización automática de las asignaciones sociales que sea
similar a la cláusula gatillo aplicada en las negociaciones paritarias, con el
objetivo de paliar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios. El
costo fiscal podrá ser atenuado a partir del impulso al consumo que traerá
aparejado este tipo de medidas, en momentos en que se viene registrando una caída
en las ventas mayoristas y minoristas”, destacó.
Durante la última
visita a la Argentina de Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre
Derecho a la Alimentación, que tuvo lugar en septiembre pasado, las autoridades
nacionales le informaron que, en relación a la AUH, los montos de la asignación
van a ser incrementados a la par de la inflación.
“Hasta el
momento, los incrementos aplicados a la AUH están lejos de representar lo que
se le informó oficialmente a la relatora”, concluyó Martello.
