EL PROYECTO DE LA
BANCADA DE UNIDAD CIUDADANA / PARTIDO JUSTICIALISTA
Pedro Luro, 3 de abril
de 2018.
Al Sr.
Presidente del
HCD villarino.
Don Omar
Promenzio.
S/D
De nuestra mayor
consideración:
Nos dirigimos a
usted y al Honorable Cuerpo que preside, con el objeto de elevar para su
tratamiento el siguiente proyecto de ordenanza.
VISTO:
El exponencial
aumento de las tarifas de los servicios públicos esenciales, luz, gas y agua,
sucedidos en 2016, 2017 y nuevamente autorizados por el Poder Ejecutivo para el
año 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que los servicios
públicos domiciliarios de agua, luz y gas son indispensables para garantizar el
derecho a la salud y la vida digna, y que están expresamente comprendidos
dentro del derecho a una vivienda adecuada expresado en el Sistema de
Protección de Derechos Humanos de la ONU.
Que el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló en la Observación
General N° 4 que una vivienda adecuada “debe contener ciertos servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición” y que
“todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener
acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía
para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de
aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y
a servicios de emergencia".
Que los aumentos
de los servicios públicos esenciales autorizados por el Poder Ejecutivo para el
año 2017, que en algunos casos alcanzaron hasta un 250%, se sumaron a los
desmesurados incrementos ya ocurridos durante el año 2016.
Que estos
aumentos son muy superiores a la suba de los ingresos de los trabajadores, lo
cual conduce inexorablemente a la pobreza energética, dimensión específica de
la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer
frente a esos gastos.
Que los servicios
públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables,
por lo que la falta de acceso implica directamente que la calidad de vida de la
población se vea resentida de manera drástica.
Que los afectados
por los aumentos de tarifas de servicios públicos no son solo los usuarios
residenciales, sino un abanico de sectores como clubes de barrio e
instituciones deportivas, comedores y merenderos, cooperativas; entre otros.
Que cada vez son
más las familias de nuestro distrito que no pueden pagar sus facturas, como así
también las industrias y comercios que deben cerrar sus puertas o se ven
obligados a restringir empleos por el mismo motivo; e incluso clubes de barrio
e instituciones intermedias que han tenido que abandonar o limitar sus
actividades, o bien endeudarse, para intentar sobrevivir.
Que los sucesivos
aumentos sostenidos y acumulados de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y combustibles, afectan negativamente en las economías domésticas de los
consumidores finales, los comercios y las industrias.
Que este impacto
se hace notar más drásticamente en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Que por el
impacto directo en los costos fijos comerciales (energía eléctrica, gas y
combustible), se afecta directamente la rentabilidad, ya que los aumentos
tarifarios en los consumidores domiciliarios reducen la capacidad de compra de
los mismos y por ende la posibilidad de ventas comerciales.
Que somos
conscientes de que quienes estipulan las tarifas de estos servicios son
organismos del Estado Nacional y Provincial, los cuales al momento de
determinar las tarifas no toman en cuenta el impacto económico y social que
implican dichos aumentos en las comunidades del interior de la provincia.
Que existen
importantes distorsiones en el costo de la energía (luz, gas y combustible)
entre la provincia interior y el área metropolitana.
Que las
localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, tienen una capacidad
socio-económica muy inferior, teniendo en cuenta que gran parte de los usuarios
de nuestras localidades tienen ingresos provenientes de sueldos municipales, provinciales,
jubilados, empleados de comercio, peones
rurales o jornaleros.
Que existe un
altísimo componente de impuestos y contribuciones en las facturas de energía
(luz, gas, agua y combustibles).
Que, como
consecuencia de lo antedicho, coincidimos con la Federación Económica de la
Provincia de Buenos Aires que se están detectando las siguientes situaciones:
/// Baja de
ventas comerciales producto de la retracción del consumo en nuestras
localidades.
/// Imposibilidad del comercio y la industria local, de reducción de consumos
necesarios para la operación normal de la empresa.
/// Cierre de pequeñas
y medianas empresas comerciales e industriales.
/// Brusca
desaceleración de la capacidad económica de los particulares, comercios e
industrias.
Que los
desfasajes en la relación capacidad de pago y aumento de los servicios,
producirán un ahogo cada vez mayor en las economías del interior de la provincia.
Que, asimismo, el
pasado 30 de marzo, de acuerdo a la disposición 5/2018 de la Subsecretaría de
Recursos Hidrocarburíferos, fue publicado el aumento en el precio oficial de la
garrafa social de gas, que se incrementa un 16,75%, pasando a costar el tubo de
10 kilos, $216 a partir del 1 de abril.
Que, sin embargo,
estos valores no se respetan en los pueblos del interior de la provincia,
costando la garrafa entre un 15 % y un 20% más al precio estipulado por la
Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos.
Que resulta
necesaria una intervención del Estado y los organismos de control en pos de
regular los aumentos desmedidos a los cuales hacemos referencia.
Que los Estados
Municipales son los que conviven cotidianamente con los vecinos, y es en el
marco comunitario y territorial donde los derechos se vuelven palpables,
aumentando la responsabilidad de los gobiernos distritales, a medida que se
desmarcan los actuales gobiernos provincial y nacional.
Que creemos que
el señor intendente, en uso de sus facultades y conforme el mandato
constitucional otorgado, tiene el deber de velar por los derechos de todos los
vecinos de Villarino, y la obligación de interceder en favor del conjunto de la
sociedad.
Es por ello que,
el bloque de concejales de Unidad Ciudadana – Partido Justicialista, pone a
consideración del Honorable Cuerpo, el siguiente proyecto de ordenanza:
ARTÍCULO 1º:
Declárese la Emergencia Tarifaria en materia de servicios públicos en el
Municipio de Villarino por el lapso de 1
(un) año.
ARTÍCULO 2º:
Instrúyase al Departamento Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos
administrativos y legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios
públicos esenciales a todos los habitantes de nuestro municipio.
ARTÍCULO 3°:
Solicítese al Ejecutivo Municipal, que conforme al artículo 26 inciso c de la
Ley Provincial 13.133, interponga las acciones correspondientes para defender
los derechos vulnerados de consumidores y usuarios de Villarino.
ARTÍCULO 4º:
Solicítese al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos en
los cuadros tarifarios vigentes, su retroactividad al 31 de diciembre de 2017 y
la prohibición de nuevos incrementos durante el plazo de vigencia de la
emergencia declarada en el artículo 1°.
ARTÍCULO 5°:
Solicítese al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los cortes de
los servicios públicos de agua, luz y gas por falta de pago de las facturas de
los períodos anuales 2016 y 2017, para desocupados, jubilados y pensionados que
cobren el haber mínimo, asociaciones sin fines de lucro, PyMEs, beneficiarios
de programas sociales, personas con discapacidad, empleados de servicio
doméstico e inscriptos en el monotributo social, y la inmediata reconexión sin
cargo en casos ya concretados.
ARTICULO 6º:
Solicítese al Ejecutivo Provincial y Nacional establecer planes de pago en
cuotas que no superen el 20% del monto total sobre las facturas no abonadas por
los usuarios de servicios públicos de agua, luz y gas.
ARTÍCULO 7º:
Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal el control sobre los precios de la
garrafa social en el ámbito del partido de Villarino.
ARTÍCULO 8º:
Comuníquese al Ministerio de Energía de la Nación, al Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, al Ente Nacional de Energía Nacional,
al Ente Nacional Regulador del Gas, al Organismo de Control de Agua de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 9°: De
forma.
ALGUNOS ENTRETELONES
Hecho el
enunciado, es interesante (por lo inusual) resaltar la temprana presencia de
“barra” (una mezcla de La Cámpora y el espacio político de Unidad Ciudadana),
motivada por la cuestión tarifaria y por algún otro tema de la rutina
legislativa.
Incluso, por
instantes, los visitantes estuvieron filmando algunas secuencias de la cosa.
Pero, volviendo
al eje de la cuestión podría estimarse que había, en la sala, coincidencia, de
unos y otros, en que los incrementos tarifarios obligan, hoy en día, a algún
tipo de reconsideración en los montos o (mentira piadosa) de alguna
“tolerancia” sobre las formas de pago (eso ya estaba sobre el tapete en esferas
del gobierno.
Lo cierto es que
menudearon las idas y venidas en la consideración del tema central, con la
accesoria de la lectura de los proyectos y alguna que otra “chicana” (nada del
otro mundo).
Finalmente, en
este asunto en particular, se resolvió girar la iniciativa de Cambiemos a las
comisiones de legislación, salud, desarrollo social y derechos humanos.
Seguramente, el o los dictámenes que de allí surjan darán más tela para cortar
en lo venidero.
Llamó la
atención, y el desorden de las deliberaciones puede inducir a error, que el
oficialismo distrital (con una banca más en la ocasión, por el relevo de
Horacio Brión por Diego Spinelli), no capitalizara a su favor, un hecho (el de
los abusos tarifarios), de suyo valioso para quienes son de “otro palo”, políticamente
hablando, del que corresponde a quienes determinan esos desmedidos incrementos
en servicios esenciales.
Lo que también ofreció margen para la discusión, o
intercambio de opiniones si se quiere definirlo de otro modo, fue el asunto
11.877, según el cual el bloque de UC/PJ presentó un proyecto de resolución
relativo al cierre de la oficina de la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires (ARBA) de la localidad de Pedro Luro.
En esa cuestión
abundaron los distintos puntos de vista, aunque con un denominador común:
impedir el cierre o al menos lograr un traslado. En este último sentido, el
dato de mayor relevancia se dio a través de lo dicho por Villalba, quien aludió
a una reunión (prevista para ese día, a las 14.30, en La Plata) donde la alternativa
válida sería la ubicación de dicha en instalaciones de CORFO Río Colorado, que
cedería el lugar para esa dependencia, haciéndose cargo además de afrontar los
gastosa por los servicios con que debe contar para su tarea.
El “ojalá no
suceda” campeó en el ambiente. Hubo, de parte de Spinelli el anuncio de
gestiones que estaba realizando el intendente Bevilacqua por estas horas. Y se
leyeron las notas que el propio Lord Mayor y la diputada provincial María
Fernanda Bevilacqua enviaron para requerir que se revierta la decisión de
cerrar la oficina en cuestión.
Hubo, también,
alusión a las reivindicaciones que Villarino reclama, desde tiempo inmemorial,
por estimarse (palpable) que el distrito está postergado en muchas de sus
aspiraciones, inclusi aquella que lo ponen en desventaja frente a sectores de
similares características.
La frutilla del
postre, si cabe, se dio con la situación creada a partir del asunto 11.905. Se
expresaba (desde la bancada de UC/PJ) el repudio por el “abuso de autoridad”
ejercido por el subsecretario Jorge Alemañy (delegado en Pedro Luro), al
requerir la presencia de efectivos policiales cuando gente del Semillero
Cultural retiraba material de esa agrupación del lugar que ocupara hasta poco
tiempo atrás. Se habló, incluso, de requerir la presencia del funcionario en el
HCD, pero el tema fue girado finalmente a comisión.
En otro orden de
cosas, hubo coincidencias en girar asuntos al archivo y otros tantos a estudio
de las comisiones internas del cuerpo.
Característica dominante,
aun así, fue el reproche por “hacer política” frente a determinadas
situaciones.
Corolario: fue
una sesión cuyo desarrollo sugiere cambiar algún mecanismo (sabrán los ediles
cual) para que todo funcione con la agilidad que la labor parlamentaria merece.
UNA SÍNTESIS DE LO TRATADO EN EL CONCEJO
