Bajo el título “¿seguridad o política de campaña?”, se ha dado a conocer (este miércoles 17), con la firma de Silvina Zoraida Chcair (secretaria de Gobierno) y Miguel Angel Parigiani (subsecretario de esa misma cartera), ambos de la Municipalidad de Villarino, un documento relativo a un tema de candente actualidad, como es la seguridad. Este es su contenido:
“Los bloques opositores del H.C.D. se están ocupando durante estos últimos días de los temas de seguridad del distrito, hecho que a simple vista parece destacable, aunque leyendo entre líneas denota exclusiva y intencionalmente nada más que una simple y concreta finalidad política.
Mientras que en otros lugares de la provincia existen reales y preocupantes hechos cotidianos de inseguridad, a los que sus responsables califican alegremente como una simple “sensación”, aquí se pretende –vía mediática– instalar esa sensación, ante la inexistencia real de hechos graves o no debidamente esclarecidos.
Lo cierto es que la mayoría de los integrantes de dichos bloques vienen ejerciendo su función como ediles desde hace dos años, y pareciera ser que ahora, advierten “una “creciente ola de inseguridad” en el partido de Villarino que contrariamente a lo sugerido sigue manteniendo los más bajos índices de delictualidad de la provincia.
O sea, a poco menos de dos años de las elecciones de 2011, y con mayoría propia en el recinto del H.C.D., han decidido tomar la iniciativa e intentan hacerle creer a la población que todo está mal por estos pagos. En ese sentido cabría resaltar su desvelo por la urgente constitución de los foros de seguridad; a los que las instituciones de Villarino (principales integrantes por ley de estos foros) prácticamente no han adherido en la medida de las expectativas generadas.
Se debe interpretar, entonces, que se trata sólo de una cuestión más en la lista de temas que los ediles tienen previstos como argumentos políticos para incluir en una campaña que pareciera ya ha comenzado.
Mucho más serio, concreto, y objetivo sería que los opositores, alineados políticamente con el gobierno provincial, colaboraran con la infinidad de trámites y gestiones iniciados por esta administración y que no han tenido respuesta a la fecha, entre ellos y por sólo mencionar uno, el ploteo, blindaje y colocación de barrales lumínicos de tres unidades 0 Km. adquiridas por esta administración en 2007 para ser utilizados como patrulleros, estacionados hoy en la comisaría de Médanos a la espera de la decisión de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Mientras, por otra parte, los concejales que representan al espacio político del diputado nacional De Narváez parecen tener soluciones novedosas para mejorar la seguridad como la colocación de cámaras de seguridad, la implementación del sistema 911, etcétera, como si estas iniciativas por sí solas y sin la implementación de una política provincial de seguridad “en serio” acabaría mágicamente con la problemática delictual. Más bien, deberían, en todo caso, estar analizando porque la propuesta de campaña de su líder político, tan impregnada de aspectos tecnológicos como el remanido “Mapa de la Seguridad” no ha dado a la fecha las respuestas prometidas y esperadas por la población bonaerense.
Al tono irrespetuoso, ajeno a todo marco democrático, con el que algunos concejales se dirigen al intendente municipal, debe agregarse aún algo mucho más grave como es sugerir “devolver la policía a la provincia”.
Justamente, quienes se arrogan la responsabilidad de contralor de los actos de gobierno proponen un absurdo que únicamente pueden imaginar ellos, porque no tienen la dimensión de lo que implica tener la responsabilidad de gobernar y haber asumido en su momento el desafío de hacerse cargo de un sistema de seguridad diferente que a
pesar de sus debilidades ha demostrado en la práctica mejor funcionamiento y mejores
resultados que aquella vieja estructura provincial.
Es verdad que el intendente municipal es “el principal” responsable de la Policía Comunal, pero no es verdad que sea “el único”. Los secretarios, subsecretarios y los concejales tienen también un deber “como funcionarios públicos” en el sentido de colaborar en la tarea de administrar seguridad, sobre todo en un distrito de naturaleza rural y con la extensión del nuestro.
Sería prudente, entonces, que todos juntos nos pongamos a trabajar en un mismo sentido y poder mejorar así los aspectos deficitarios que algunos observan; dejando para más adelante la contienda política con miras a proyectos personales o candidaturas políticas”.
Nota del editor
Por estas horas (nos referimos a este viernes 19), estaba desarrollándose (salvo imprevistos que pudieran haberse presentado) la interpelación que el HCD iba a realizar al subsecretario de Seguridad de Villarino, Raúl Pedín. O, en su defecto, a quien le reemplazara en la ocasión, ya que se sabía de antemano que el funcionario está haciendo uso de su período de licencia.
Con antelación a ese hecho, para nada desdeñable, se tuvo conocimiento del documento elaborado por los máximos funcionarios del área de Gobierno del municipio (texto que antecede).
Lamentablemente, imponderables propios del sistema, a los que nadie está ajeno, impidieron que pudiéramos editar y ofrecer ese material en este blog, algo que hacemos tardíamente, subsanados los inconvenientes técnicos aludidos.
No nos parece poca cosa el contenido del documento y por eso consideramos oportuno darlo a conocer aquí, entendiendo que es valioso por dos razones esenciales: significa una de las primeras manifestaciones puntuales de funcionarios del DE comunal, que han guardado silencio en otras ocasiones. Y abre, aún desde la crítica a la que tienen derecho sus autores, un canal de expresión que puede generar un futuro diálogo.
No sabemos, a esta altura, cómo fue la interpelación. Que el intendente Raúl Mujica haya dicho, por algún medio, de su intención de charlar con los ediles sobre el tema de la convocatoria (a Padín en ese caso) ya indica algo.
Ojalá esa sea la mecánica que se ponga en práctica, tarde o temprano.
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